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Una histórica victoria logró la comunidad organizada de Huichapán, en el estado de Hidalgo, ubicado el centro de la República Mexicana tras 6 meses de movilizaciones pacíficas y acciones legales que llevaron a la clausura de la planta de la empresa Proambiente, filial de Cementos Mexicanos, CEMEX, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta planta era la encargada de recibir y procesar gran parte de las 12.000 toneladas de residuos sólidos generados diariamente en la Ciudad de México, para ser quemados como combustible alterno en los hornos de la planta de CEMEX de Huichapan.
El envío a hornos cementeros fue una de las principales "soluciones" impulsadas, mediante un convenio firmado con CEMEX y el Gobierno del Distrito Federal GDF para el tratamiento de los residuos de la capital mexicana, tras el cierre del vertedero Bordo Poniente (el más grande de Latinoamérica), en diciembre de 2011, y ha sido enérgicamente cuestionada por sus impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente derivados de sus potenciales emisiones de metales pesados, dioxinas y furanos, y otros contaminantes.
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